La provincia se acostumbra a gestionar a golpe de click. El soporte informático lo disponía de la mano de la sociedad Inpro, que facilitó tanto el equipo informático como la tecnología para dar el salto a la e-democracia. O, dicho de otra forma, hacer trámites por internet. En ese sentido, los ayuntamientos sevillanos han culminado esta fase de transición y están embarcado de lleno en la administración electrónica, que engloba tanto registros a través de plataformas virtuales, sellos electrónicos o vídeo-actas de los plenos municipales.

La revolución se dio en los últimos dos años, según queda constancia en el balance realizado por la Diputación: los documentos oficiales firmados electrónicamente se quintuplicaron en dos años –de 50.000 a 226.000–, el 62 por ciento de los consistorios dispone de sede electrónica y hay 1.850 funcionarios que operan con trámites on line. «Antes era un escrito que se firmaba en mano y tenía que trasladarlo un Policía para su entrega;_ahora sólo falta una firma electrónica. Se ha cambiado la mentalidad del empleado público», manifestó la gerente de Inpro, Carmen Rodríguez Quirós, que, dentro de sus cálculos, constata un cambio de tendencia: si hace dos años más del 80 por ciento de escritos se tramitaban de forma presencial, ahora el 60 por ciento se acoge a la fórmula telemática.

La clave de este cambio de tercio, más allá de la demanda ciudadana –que existe– es las exigencias que establece la ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios público, obligatoria para los ayuntamientos a principios del próximo año 2016.

Aunque queda casi un año de transición, ya hay los municipios preparados. Los listos de la e-clase. Los ayuntamientos de Gelves, Tocina, Arahal, Peñaflor, El Viso del Alcor, Valencina de la Concepción y San Juan de Aznalfarache conforman ese grupo de los que cuentan con la gran mayoría de plataformas y servicios digitales en marcha: desde la resolución de expedientes y el intercambio de documentación por la vía electrónica y la convocatoria pública, vía móvil o mail, de los concejales hasta la aplicación de vídeo-actas, es decir, la grabación de los plenos, con su certificado digital.

El cambio de concepto de los ayuntamientos llega espoleado por una serie de inversiones de la sociedad Inpro. La última de ellas fue una partida de 1,5 millones de euros en el desarrollo del portal de transparencia + gobierno abierto y otras plataformas para incluir servicios de reserva on line de espacios públicos y gestión de incidencias vía móvil. Por otra parte, la Diputación hizo entrega el pasado mes de diciembre de equipamiento informático para 88 ayuntamientos con una población inferior a los 20.000 habitantes y tres entidades locales autónomas (ELA), que se antoja «necesario para el impulso definitivo en la implantación de la administración electrónica», según comentó por aquel entonces el presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos.